Los cambios a los que está sometida la inmigración en nuestro país obliga a nuestro legisladores a adaptar la normativa reguladora a la situación concreta, si quiere que ésta proporcione soluciones efectivas a los nuevos retos que se plantean. Concretamente en España el fenómeno migratorio afecta tanto al orden económico como al social y al cultural.
Nuestro compromiso como país de defender los Derecho Humanos nos obliga a crear las herramientas y estructuras legales que permitan la integración de los inmigrantes y garantizar la convivencia y la cohesión social entre inmigrantes y población autóctona.
Por otro lado, cada vez son las más las normas comunitarias que afectan al Derecho de Extranjería de los Estados Europeos; normas que aprueba la Unión Europea y que debemos incorporar a nuestro ordenamiento jurídico.
En este orden de cuestiones cabe destacar la firma del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16 de Octubre de 2008 por los 27 países miembros de la Unión Europea, en el cual se establece como principales objetivos conseguir una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales mediante un equilibrio de derechos y deberes.
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